De izquierda a derecha: Paola Buendía, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia; Adriana Vargas, Directora de Industrias de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI); Claudia Marcela Bastidas, Experta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN en Dinámicas Aduaneras Fronterizas de Colombia; María Paz Jervis, Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción (CIP) y Presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano; Sonsoles García León, Ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca
Quito, 9 de septiembre de 2024
La Cámara de Industrias y Producción (CIP), a través de su Dirección Técnica, organizó el evento “Fronteras Seguras: Comercio Legal Ecuador – Colombia 2024”, un espacio estratégico de diálogo que reunió a representantes del sector público, privado y académico. El objetivo fue fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra el comercio ilícito y promover prácticas comerciales seguras y legales. Este encuentro contó con el respaldo de la Alianza Latinoamericana Anti-contrabando (ALAC), la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) y la Universidad San Francisco de Quito (USFQ).
El evento se centró en identificar los sectores más vulnerables al contrabando y otras actividades ilícitas, con el propósito de elaborar una hoja de ruta conjunta, que garantice el cumplimiento de las normativas comerciales, fortalezca la seguridad fronteriza y profundice los lazos económicos entre Ecuador y Colombia. Las discusiones abordaron el impacto negativo del contrabando, la competencia desleal y el comercio ilícito, problemáticas que afectan la productividad, el empleo formal y la competitividad empresarial. Estas prácticas no solo erosionan las finanzas públicas a través de la evasión fiscal, sino que también fomentan la corrupción y fortalecen las redes criminales.
Algunos datos destacados del evento:
En los últimos años, hemos observado un incremento exponencial del contrabando y las actividades ilegales. Estas prácticas se han normalizado en Ecuador, al punto que los consumidores a menudo no distinguen entre productos legales e ilegales.
De acuerdo a datos del sector productivo, se conoce que:
- El 40% de las prendas de vestir y el 60% de las telas, provienen del comercio ilícito, lo que impidió que el Estado recaudara USD 40 millones en aranceles e IVA durante 2023.
- En el país se comercializan 16 marcas de leche informales.
- El 4 % del agua embotellada que se oferta en el mercado es falsificada.
- El 2 % del aceite lubricante que se comercializa es adulterado o falsificado y el 4 % ingresa ilícitamente.
- Han ingresado al país cerca de 13.000 toneladas de acero facturadas con costos inferiores incluso a los costos de producción.
Estas cifras evidencian la ausencia de un control efectivo y articulado tanto en las fronteras como en los puntos de venta ilegal, lo que desalienta la inversión extranjera, frena el desarrollo económico y pone en grave peligro la salud de los consumidores. Los productos que ingresan de manera ilegal al país suelen contener ingredientes tóxicos o peligrosos, no cumplen con las normas técnicas de calidad y regulaciones mínimas que garanticen la seguridad física e integral de la población.
Conclusiones principales de los panelistas del evento:
- Sonsoles García, Ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca de Ecuador, subrayó la importancia de articular políticas públicas claras con la colaboración de otros organismos ejecutores para combatir el comercio ilícito. Mencionó también que el sector privado representa un aliado estratégico crucial para optimizar los esfuerzos gubernamentales en esta área
- María Paz Jervis, Presidenta Ejecutiva de la CIP y del Comité Empresarial Ecuatoriano, destacó que el sector productivo debe liderar estos espacios de diálogo trilateral dado que esta problemática afecta a 7 de cada 10 empresas. Además, enfatizó que quienes participan en el comercio ilícito y evaden impuestos, tienen un vínculo directo con la economía criminal, lo que subraya la necesidad de una respuesta coordinada a través de una alianza público- privada.
- Luis Alberto Jaramillo, Director General del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, destacó que se está trabajando en un plan enfocado en tres ejes de control: puertos, aeropuertos y fronteras. Resaltó la importancia de seguir avanzando en planes de inteligencia aduanera y en controles coordinados con otras instituciones.
- Daniel Sánchez, Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación Control y Vigilancia Sanitaria, señaló la importancia de educar a los consumidores sobre los riesgos de la falsificación de medicamentos que pone en riesgo la vida de 500 mil personas al año. Por otro lado, dio a conocer los mecanismos de control que el ARCSA ha desarrollado para intensificar el control en los mercados.
- Silvia Solís, Asesora Legal de Propiedad Intelectual de la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos y ponente principal del evento, compartió su visión sobre la importancia de proteger los derechos de propiedad intelectual, otra de los mecanismos que desencadena el comercio ilegal. Por otro lado, Silvia citó un análisis del impacto de las marcas registradas en 10 países de América Latina, lo que se traduce como un aporte positivo de $766.6 mil millones al PIB (22% en promedio).
- Carolina Uribe, Gerente de Prevención de Comercio Ilícito en Philip Morris International indicó que, desde la industria se destaca la necesidad de mantener el trabajo conjunto y coordinado con las autoridades para hacerle frente al comercio ilícito. Señaló que el contrabando de cigarrillos ha tenido serias afectaciones en términos de seguridad y se ha convertido en uno de los financiadores principales de las economías criminales y que se ha identificado que en aquellos territorios donde existe mayor incidencia de contrabando, también existen niveles más altos de inseguridad.
- Paola Buendía, Vicepresidenta Ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia concluyó su ponencia mencionando la importancia de que las empresas se involucren activamente en estos diálogos que involucran a todos los actores, para combatir el comercio ilícito desde distintos frentes, a través de conocimiento y con el objetivo de fortalecer la seguridad fronteriza entre Ecuador y Colombia.
Finalmente, otra de las acotaciones relevantes fue la de la academia, quienes resaltaron la necesidad de educar a los jóvenes sobre los riesgos del comercio ilícito, así como la importancia de formar estudiantes con ética quienes serán los futuros líderes políticos, académicos y empresariales. Por otro lado, destacaron su compromiso por apoyar al sector privado, a través de herramientas de análisis de datos que aseguren una respuesta precisa y eficaz en la lucha contra este fenómeno.
Otros participantes del evento fueron:
- Claudia Marcela Bastidas, experta de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de Colombia.
- James Keeble, docente de la USFQ.
- María Fernanda Román, Decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Hemisferios.
A través de la creación de estos espacios, la CIP reafirma su compromiso con la búsqueda de soluciones integrales, a través de la cooperación trilateral, que sienta las bases de acciones coordinadas no solo para proteger la economía y la seguridad pública, sino también para fomentar un entorno de comercio justo y transparente entre Ecuador, Colombia y la región.