Durante la reciente temporada, la Dirección Jurídica (DJ) ha continuado con el desarrollo de actividades en defensa de los intereses de las empresas y gremios afiliados a la Cámara de Industrias y Producción (CIP). Para tal efecto la DJ realiza seguimiento normativo, absolución de consultas con afiliados e intervención en procesos constitucionales y en espacios de diálogo en favor del sector productivo nacional.
En cuanto al seguimiento normativo, sus actuaciones se han enfocado principalmente en el seguimiento del proyecto de “Ley para prevenir y reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos y mitigar el hambre de personas en situación de vulnerabilidad alimentaria”. La CIP está esgrimiendo observaciones y comentarios de sus afiliados respecto de la donación de alimentos como un acto libre y voluntario, los actores que participan en el proceso de donación, diferentes alternativas a la destrucción de alimentos; y, la distinción entre alimentos o productos “perecibles” y “no perecibles” dependiendo de su condición, calidad y durabilidad.
Por otro lado, la Cámara de Industrias y Producción, a través de su Dirección Jurídica, acudió a la revisión preliminar de la plataforma “Contratación Pública Ecuador” en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) que tiene como objetivo la recopilación de datos públicos, actualizados y accesibles al público sobre los procesos de contratación pública en el país. Así mismo, participa en las mesas técnicas de retroalimentación del marco regulatorio nacional de las asociaciones público-privadas “APPs” entre la Presidencia de la República, gremios, embajadas y sector de la academia. La articulación de un marco normativo que facilite simplifique y optimice los proyectos bajo modalidad APP resulta transcendental para la atracción de la inversión extranjera al país.
Adicionalmente, Xavier Sisa, Director Jurídico de la CIP y representante del sector empleador ante el Consejo Nacional de Trabajo y Salario (CNTS) intervino en distintos medios de comunicación en los cuales conversó sobre la variación del salario básico unificado (SBU) para el 2022 y la posición del sector empleador desde una óptica económica y legal que evite el decrecimiento del empleo adecuado. Revise aquí la entrevista en Pichincha Universal
En cuanto a la intervención judicial, cabe informar que la Corte Constitucional mediante Sentencia Nro. 23-20-CN y acumulados, acogió varios de los argumentos que la CIP presentó dentro de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de la Disposición Interpretativa Única incluida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19. Si bien la sentencia, es aplicable específicamente a los casos judiciales bajo análisis, por tratarse de un proceso de control concreto de constitucionalidad, la Corte ha concluido que la Disposición Interpretativa es contraria al derecho a la seguridad jurídica al resultar incompatible con el elemento de previsibilidad.
La DJ continúa respondiendo a distintas interrogantes planteadas por afiliados. En su mayoría estas se relacionan con la aplicación de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que fue dispuesta como decreto de Ley por el Presidente de la República el pasado 29 de noviembre de 2021.