Días atrás se aprobó una reforma que en su concepto inicial tenía la intención de adaptar la legislación laboral a las necesidades económicas actuales. Si sobre la base del texto enviado por el Ejecutivo, la Asamblea profundizaba en el concepto de adaptabilidad, se pudo haber logrado una Ley moderna. Así, las empresas habrían tenido un mejor escenario para soportar dificultades económicas de tal forma que todos los ecuatorianos podamos contrarrestar los problemas de fondo, evidenciados en las 350.000 personas sin empleo y en los 3.600.000 ecuatorianos, con empleo inadecuado.
El país perdió una gran oportunidad para contar con una Ley que tuviese mayor sindéresis y aplicación práctica, y abrir el camino a un debate real y estructural para lograr un equilibrio sensato entre la generación de trabajo decente y menor rigidez de las normas. Al final, el concepto de adaptabilidad laboral y el propósito de la ley en sí mismo fue desdibujado, publicándose una ley cuya efectividad será mínima. Quedan entonces más preguntas que respuestas urgentes, pragmáticas y convincentes.
Además, se perdió una oportunidad para fortalecer el diálogo tripartito -sustentado en recomendaciones de la Organización Internacional de Trabajo- como medio para generar consensos en torno a soluciones para el empleo de los ecuatorianos. En el Consejo Nacional del Trabajo, medio institucionalizado de dicho diálogo se debió agotar mayor discusión del proyecto, antes de que ingresara a la Asamblea. En el campo legislativo, por momentos prevaleció la improvisación, que llegó a alcanzar la demagogia.
Cuando se leen los debates y sus resultados, queda claro que existen legisladores que no interiorizan que las normas son una herramienta, no un fin; que éstas deben atender las circunstancias y a los requerimientos de la sociedad; y, que la realidad no se puede ajustar a una Ley. No es la primera vez que ocurre.
Los prejuicios saltaron a la vista: “el empresario contrata para despedir”, “el empresario quiere ganar a costa del los trabajadores”. No hay un entendimiento del quehacer productivo y surgen planteamientos sin un análisis técnico, como el sesgo a la ganancia de dividendos, dejando a la norma sujeta a la subjetividad de la autoridad.
Las familias ecuatorianas están viviendo momentos de incertidumbre y preocupación. Combatirlos, juntos, en una leal colaboración debería ser una exigencia inexcusable. Las empresas y los empresarios responsables vamos a seguir comprometidos en que las oportunidades de trabajo sean nuestra primera prioridad.
En balance, quienes más pierden son los trabajadores que pueden pasar a engrosar las filas del desempleo y los jóvenes que hoy suman el 40% del total de desempleados. Pensar que el problema del desempleo juvenil se resuelve con la imposición de cuotas fijas de contratación resulta una quimera.
Debemos dar un salto cualitativo de pensamiento: la creación de empleo productivo y estabilidad laboral no están dadas por decreto sino por la productividad y el empleo no se protege con discursos. El aporte legislativo debe sumar a crear las condiciones para el emprendimiento. Pocas cosas pueden ser tan lapidarias para una sociedad como una oportunidad perdida, más aun si ésta está atada al empleo. No podemos perder más oportunidades o lo que perderemos será el futuro.