La Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador (FNCIE) agrupa a nueve gremios representantes de industrias residentes en Pichincha, Guayas, Manabí, Azuay, El Oro, Loja, Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo, las mismas que participan en actividades que requieren de un proceso de consulta ambiental.
Como es de su conocimiento, el Decreto Ejecutivo No. 754, expedido el 2 de junio de 2023 por el Presidente Constitucional de la República, en cumplimiento de la Sentencia No. 22-18-IN/21 de la Corte Constitucional, estableció finalmente el proceso para la obtención de las consultas ambientales. Sin embargo, el 31 de julio de 2023, el Tribunal de la Sala de Admisión admitió a trámite, por la forma y el fondo, la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra del decreto mencionado por parte de la CONAIE, CONFENAIE y otras organizaciones.
Adicionalmente, aceptó la solicitud de suspensión provisional del Decreto Ejecutivo impugnado, que paraliza a 176 proyectos en proceso de otorgamiento de licencias ambientales en áreas como hidrocarburos, minería, salud, infraestructura, agricultura, servicios turísticos, generación eléctrica, construcción de carreteras, plantas de tratamiento de agua, gestión de desechos, educación, entre otros, y que equivalen a más de USD 2.000 millones de inversión, en los sectores privado y público.
Ante esta dramática situación, diversos ciudadanos y organizaciones como la FNCIE, presentamos Amicus Curiaes ante esta Alta Corte, para ser escuchados en la audiencia pública, convocada para este lunes 18 de septiembre de 2023, a fin de exponer de manera directa los argumentos. En nuestro caso, en torno a la afectación que atraviesan nuevas actividades y aquellas que encuentran en proceso, de todos los sectores económicos antes descritos.
Con sorpresa nos hemos enterado que, por correo electrónico, se envió una notificación en la que se menciona: “por existir una gran cantidad de amicus y en honor al tiempo se escuchará únicamente a diez amicus que pueden aportar al debate jurídico planteado en la demanda de acción de inconstitucionalidad”. En el archivo adjunto a este correo se enlistan a los elegidos por la Corte Constitucional para expresar sus argumentos frente a este proceso.
Ustedes comprenderán, señores Jueces, que con esta decisión nuestro derechoa ser escuchados se ha visto vulnerado. Entendemos la cantidad de interesados
en manifestar una tesis sobre esta acción de vital importancia; no obstante, llama la atención que un órgano cupular del sector industrial quede en el ostracismo de este proceso.
En este contexto, de la manera más respetuosa y comedida, solicitamos que esa decisión sea reconsiderada para evitar que esta discusión tan relevante y de interés nacional se convierta en un debate exclusivo entre mineros y antimineros, cuya consecuencia grave sería invisibilizar y menoscabar el derecho de las partes interesadas, lo que rechazamos de manera categórica.
Aprovecho la ocasión para dejar sentada la profunda preocupación que tenemos frente a este proceso cuya consecuencia es la paralización de la inversión y con ello la nula generación de empleo en las empresas formales que quieren aportar al crecimiento del país. Adicionalmente, otro de los desafíos que han tenido que enfrentar las empresas, fruto del retraso en el cronograma de implementación de los proyectos, es la imposibilidad para cumplir con los plazos establecidos y los presupuestos, y ello también pone en riesgo el financiamiento de los mismos.