La Cámara de Industrias y Producción (CIP), ante la requisición de medicamentos realizada por las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a empresas formales que fabrican y comercializan estos productos, estará atenta al cumplimiento de las normas jurídicas y derechos de las empresas formales que deben ser amparados por el Estado ecuatoriano y con un contingente técnico y oportuno para cubrir la demanda existente de medicinas en el sistema de salud público.
En días pasados, el Comité Empresarial Ecuatoriano, del que somos parte, también expuso sobre los riesgos que implica para el Sistema Nacional de Salud que, ciertas disposiciones del Decreto 1033 y del proyecto de normativa de Trazabilidad, entren en vigencia sin tomar en cuenta las observaciones planteadas por fabricantes, importadores y distribuidores de medicamentos e insumos médicos, operadores logísticos y farmacias.
Pablo Zambrano Albuja, presidente ejecutivo de la CIP, señala que “el sector industrial ve con mucha preocupación la requisición de medicamentos en empresas formales que fabrican y comercializan de forma regular y normal. Estaremos muy atentos a la actuación de las autoridades de Salud, para salvaguardar la seguridad jurídica y los derechos de las empresas serias que son su trabajo han aportado al país y sus derechos de propiedad deben ser garantizados por el Estado”.
Además, coincidimos con la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos Ecuatorianos (ALFE) que calificó de arbitrario lo resuelto por el Gobierno que permite hacer requisiciones de ciertos medicamentos, especialmente sedantes. La ALFE también resalta que el desabastecimiento de medicamentos es ocasionado principalmente por el propio Gobierno, por la falta de planificación y por la corrupción que afecta a toda la ciudadanía.