Quito, 18 de febrero de 2016. Tras una década de crecimiento económico, Ecuador se encuentra en una delicada situación, fruto de shocks externos que encuentran a la economía nacional en una zona de vulnerabilidad, como consecuencia de un crecimiento que ha dado prioridad a la inversión estatal. Por ello, las alianzas público – privadas surgen como una alternativa para inyectar recursos, minimizar riesgos y aportar al financiamiento de obras de interés común. Además, estos convenios facilitan el desarrollo económico sostenible.
Kristian Fallas, exadministrador del Aeropuerto de Quito y Socio Senior de la Firma Project, en su intervención, indicó que para un óptimo desarrollo de este tipo de alianzas, se debe realizar “un balance de riesgos y beneficios que permitan a las partes involucradas, contar no solo con la vialidad, sino sostenibilidad en los proyectos desde todas las perspectivas, logrando así, determinar los elementos necesarios para que luego estos sean plasmados en los diferentes contratos.”.
Sami Mir, colaborador de Allen & Overy en proyectos de energía e infraestructura a nivel mundial, manifestó la importancia de generar un marco regulatorio estable. “Los cambios en la ley afectan negativamente a la negociación de proyectos”. En esa línea, Jhon Mckendick, Vicepresidente Ejecutivo de Infrastructure Ontario, dijo: “debe existir un ambiente de confianza favorable al normal desempeño de este tipo de proyectos”.
En el conversatorio de las oportunidades y desafíos financieros y de inversión respecto a las alianzas público -privadas, los panelistas acordaron en que “esta forma de asociación tiene que ser solamente el inicio de un nuevo enfoque de crecimiento y desarrollo.” El moderador de este diálogo fue Julio José Prado, Director de la Asociación de Banco Privados del Ecuador, quien expresó la necesidad de buscar alianzas entre banca ecuatoriana e internacional.
Por su parte, entorno al marco regulatorio que rige a estas asociaciones, Santiago León, Viceministro Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad señaló que “la Ley de APP es un instrumento efectivo para que las inversiones del país sigan creciendo; por ello es necesario el trabajo conjunto entre el sector privado y el Gobierno”. Mientras tanto, Francisco Alarcón, Presidente de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador agregó: “se debe estructurar un marco regulatorio estable que garantice las inversiones de los sectores involucrados en los convenios”.
Las APP deben ser el punto de partida para trascender de una mera formalidad suscrita por las partes y dar paso a la creación de un marco estructural que permita alentar a la inversión privada para generar más oportunidades para los ecuatorianos. Dicho marco, deberá tener como elementos, el fomento a las exportaciones, la captura de inversión extranjera directa, y la protección y generación de empleo.